Cutral Co, Neuquén. Junio de 1976. La ciudad petrolera, un pilar de la economía patagónica y cuna de una vibrante población obrera sindicalizada, amaneció teñida de verde. El Ejército había sitiado la localidad, bloqueando todos sus accesos. No era una acción aislada, sino una manifestación brutal del plan sistemático de terrorismo de Estado que la última dictadura cívico-militar comenzaba a implementar en Argentina.
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Un Escenario de Represión y Conflicto Laboral
La represión estatal no surgió de la noche a la mañana el 24 de marzo de 1976. Sus mecanismos se venían gestando desde al menos 1974, con el accionar de grupos paramilitares como la Triple A. El objetivo era claro: reconfigurar la sociedad argentina desde sus raíces, atacando sus lazos solidarios y su horizontalidad, e infundiendo un clima de miedo que legitimara el control estatal. Esta estrategia represiva fue una culminación planificada y sistemática de una violencia estatal preexistente, arraigada en una profunda doctrina de seguridad nacional.
En este contexto, la Patagonia, y en particular Cutral Co, no escaparon al ojo represivo. Los años previos, 1974 y 1975, habían sido de intensa conflictividad laboral en todo el país, con más de mil huelgas anuales. Grandes establecimientos industriales, como las plantas de YPF en Cutral Co, fueron epicentro de estas luchas por la democratización sindical y la defensa de los convenios colectivos. La dictadura consideró la "ofensiva antisindical" como una piedra angular de su estrategia, utilizando el pretexto de combatir un supuesto "peligro rojo" para justificar la aniquilación de grupos obreros y sindicales. La importancia estratégica de Cutral Co como núcleo petrolero y su activa población sindicalizada la convirtieron en un blanco evidente para el régimen.
Es crucial diferenciar este "Operativo Cutral Co" de junio de 1976, un acto de terrorismo de Estado, de las "Puebladas de Cutral Co y Plaza Huincul" de 1996 y 1997. Estas últimas fueron protestas sociales masivas contra las políticas neoliberales y la privatización de YPF, que aunque ocurrieron en el mismo lugar, pertenecen a un contexto histórico distinto.
Hechos Puntuales del Operativo: El Asedio y la Caza de Militantes
Entre el 11 y el 15 de junio de 1976, el "Operativo Cutral Co" se desplegó con una precisión escalofriante. Fue una acción coordinada entre el Ejército y la Policía Provincial de Neuquén. La comisaría local de Cutral Co se convirtió en el centro operativo principal.
La ciudad fue literalmente "sitiada por el Ejército", sus accesos bloqueados, y una ominosa "presencia militar" se cernía sobre cada rincón. En un período de cuatro días, se llevaron a cabo extensos allanamientos en viviendas y edificios públicos de toda la localidad, incluyendo la escuela secundaria. El objetivo declarado era "desmantelar una supuesta célula del Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP)", pero la magnitud de la operación, con el sitio a una ciudad entera y los allanamientos generalizados, trascendía la mera persecución individual. Era un enfoque de "guerra total" contra los enemigos internos percibidos, diseñado para infundir un terror generalizado y desarticular fundamentalmente el tejido social de la comunidad.
Las detenciones ilegales se sucedieron con un modus operandi brutal: personal fuertemente armado, a menudo en vehículos sin identificación, interrumpía el tránsito, realizaba disparos intimidatorios y establecía "ratoneras" (trampas) en los domicilios de las víctimas. Al menos 17 personas fueron secuestradas, aunque otras fuentes señalan más de 60 estudiantes y trabajadores detenidos ilegalmente.
Las víctimas fueron inicialmente llevadas a la comisaría de Cutral Co, que sirvió como centro de detención y operativo local principal. Desde allí, muchos detenidos fueron posteriormente trasladados a la ciudad de Neuquén, específicamente a la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Federal (SPF), una prisión reconocida que también funcionó como punto de tránsito en el circuito clandestino. El movimiento sistemático de los detenidos, de comisaría en comisaría, y luego a otros centros, buscaba desorientarlos, cortar sus lazos con sus comunidades y familias, y hacer que su paradero fuera desconocido.
El horror no terminaba allí. Muchas víctimas fueron trasladadas mediante "vuelos clandestinos" desde Neuquén a Bahía Blanca. Una vez en Bahía Blanca, eran llevadas a "La Escuelita", un centro clandestino de detención (CCD) que operaba en una propiedad del V Cuerpo de Ejército y fue identificado como uno de los principales CCD de la Zona 5. Allí, los detenidos eran sometidos a cautiverio prolongado, torturas severas e interrogatorios intensivos. Estos traslados y la red de CCD demostraban que el "Operativo Cutral Co" no fue un incidente regional aislado, sino parte integral de un sistema represivo más amplio y coordinado a nivel nacional.
Las víctimas del Operativo Cutral Co sufrieron una panoplia de violaciones a los derechos humanos: privación ilegal de la libertad, que con frecuencia se prolongó por más de un mes y se agravó por el uso de violencia. Fueron sometidas a "tormentos psíquicos y físicos", cuya severidad se intensificó debido a su condición de "perseguidos políticos". La tortura, tanto física como psicológica, aplicada sistemáticamente y con particular saña, buscaba deshumanizarlos, quebrar su voluntad y aniquilar su identidad.
Un aspecto desgarrador, y por mucho tiempo invisibilizado, fue la violencia sexual. Abusos sexuales y violaciones fueron sistemáticamente cometidos contra los detenidos como parte del plan represivo. En un hito histórico, el Juicio "Escuelita VII" los juzgó como delitos autónomos por primera vez en un juicio de derechos humanos en Neuquén. El desgarrador testimonio de Dora Seguel, sobreviviente del Operativo Cutral Co, fue fundamental y conmovedor, describiendo vívidamente su abuso sexual, el impacto psicológico y los intentos del perpetrador de silenciarla. Su valiente decisión de "gritar su verdad" tras 45 años de silencio sirvió de inspiración, animando a otras víctimas a compartir sus propias historias.
Las víctimas del operativo representaban una muestra diversa de la sociedad, incluyendo estudiantes, trabajadores del gas, activistas sociales, miembros de la Juventud Peronista, delegados sindicales, activistas del PRT-ERP, maestros, periodistas y miembros de grupos culturales. Nombres como Luis Guillermo Almarza Arancibia, Emiliano del Carmen Cantillana Marchant, Juan Carlos Maidana, Pedro Daniel Maidana, Octavio Omar Méndez, Sergio Roberto Méndez Saavedra, Miguel Ángel Pincheira y Francisco Tomasevich, así como Susana Mujica, Darío Altomaro, Darío Espindola, Cecilia Vecchi, Alicia Pifarre, Arlene Seguel, Mirta Tronelli, Carlos Schedan, Jorge Asenjo y Carlos Chaves, quedaron grabados en los expedientes judiciales.
Trágicamente, ocho víctimas de los crímenes asociados al Operativo Cutral Co continúan desaparecidas hasta el día de hoy. Ellas son Arlene Seguel, Susana Mujica, Carlos Chávez, Miguel Ángel Pincheira, Cecilia Vecci, Mirta Tronelli, Alicia Pifarré y Jorge Asenjo.
Si bien algunas víctimas recuperaron finalmente su libertad, otras fueron trasladadas a centros de detención reconocidos, y algunas fueron forzadas al exilio como consecuencia de su persecución. El exilio, aunque un medio de supervivencia, no fue una elección voluntaria sino un desplazamiento forzado, representando una pérdida profunda y duradera del hogar, la comunidad y la pertenencia nacional.
El Juicio Escuelita VII
Los crímenes cometidos durante el "Operativo Cutral Co" fueron explícitamente "integraron los hechos revisados en el juicio Escuelita VII", estableciendo un vínculo directo e innegable entre la acción represiva específica y el proceso judicial. Este juicio abordó específicamente las detenciones ilegales, torturas y homicidios que ocurrieron en el marco de la operación, asegurando la rendición de cuentas por estas atrocidades particulares. La integración de estos crímenes en un juicio más amplio de "Escuelita" significó el reconocimiento de que no fueron incidentes aislados, sino componentes integrales de un plan sistemático y coordinado de terrorismo de Estado.
El "Juicio Escuelita VII" culminó con su veredicto en diciembre de 2021. El juicio se llevó a cabo en modalidad semipresencial y fue transmitido a través del canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación, una medida que mejoró significativamente su transparencia y accesibilidad pública.
Un total de catorce exmilitares y expolicías fueron condenados en el juicio "Escuelita VII". Estos individuos fueron responsabilizados por el secuestro ilegal y la tortura de 20 personas, así como por 8 homicidios. De los condenados, diez recibieron penas de prisión perpetua, mientras que los restantes recibieron sentencias que oscilaron entre 5 y 12 años de prisión.
Entre los condenados a prisión perpetua figuraron Oscar Lorenzo Reinhold, Jorge Di Pasquale, Jorge Molina Ezcurra, Sergio San Martín, Raúl Antonio Guglielminetti, Osvaldo Bernardino Páez, Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Eduardo Condal y Walter Bartolomé Tejada. Juan José Capella fue condenado a 12 años de prisión, Desiderio Penchulef a 10 años, Miguel Ángel Cancrini a 5 años y 6 meses, y Gerónimo Enerio Huircain a 5 años. Jorge Soza fue absuelto.
Uno de los aspectos más trascendentales del juicio fue la condena de Juan José Capella, un piloto del Ejército, por su papel en el transporte de individuos secuestrados. Esto marcó la primera vez en Argentina que un piloto fue condenado por tal crimen. Igualmente significativa fue la condena autónoma de los abusos sexuales como un delito distinto. Esta fue la primera vez en Neuquén que tales delitos fueron reconocidos y procesados de forma independiente dentro de un juicio de derechos humanos.
Aquí tienes un apartado específico sobre el juicio a los delitos sexuales de la dictadura, centrado en el contexto del "Juicio Escuelita VII" y su carácter pionero en Neuquén.
Puedes integrarlo en tu crónica, quizás como un subapartado dentro de la sección "El Juicio Escuelita VII: Un Hito en la Búsqueda de Justicia", o como una sección independiente si el flujo del texto lo permite.
Los Delitos Sexuales en la Dictadura: Una Verdad Largamente Silenciada y Juzgada en "Escuelita VII"
Por décadas, la violencia sexual ejercida sistemáticamente en los centros clandestinos de detención y durante los operativos represivos fue una de las facetas más crueles y silenciadas del terrorismo de Estado. Considerada por mucho tiempo un "daño colateral" o un "abuso" individual de los represores, o incluso minimizada, la justicia argentina ha avanzado en reconocerla como lo que fue: una herramienta de tortura y dominación planificada y sistemática, intrínseca al aparato represivo.
El Juicio Escuelita VII de Neuquén marcó un hito fundamental en esta desvelación. Por primera vez en un proceso de lesa humanidad en la provincia, los abusos y violaciones sexuales fueron juzgados como delitos autónomos, desvinculándolos de la figura de "tormentos" y otorgándoles la entidad que les corresponde como crímenes gravísimos contra la integridad sexual y la dignidad de las personas.
Esta decisión judicial no solo visibilizó una práctica atroz, sino que también validó la experiencia de un sinnúmero de víctimas que, por miedo, vergüenza o la dificultad de encuadrar legalmente su sufrimiento, habían mantenido su dolor en silencio. El valor de este reconocimiento legal reside en que afirma que la violencia sexual no fue fortuita, sino una manifestación deliberada y sistemática de la estrategia de la dictadura para humillar, degradar y destruir a sus víctimas.
El testimonio de sobrevivientes como Dora Seguel, víctima del Operativo Cutral Co, fue crucial y conmovedor. Su valiente relato ante el tribunal, detallando el abuso sexual sufrido durante su cautiverio y los intentos del perpetrador por silenciarla ("no hables de esto"), rompió un tabú de 45 años. Su decisión de "gritar su verdad" no solo buscó justicia para sí misma, sino que abrió la puerta para que otras víctimas pudieran también encontrar la fuerza para denunciar y ser escuchadas, inspirando un proceso de sanación colectiva y de reparación histórica.
Estas sentencias, que abarcaron diversos rangos y ramas de las fuerzas armadas y de seguridad, demostraron un esfuerzo integral y decidido para establecer la rendición de cuentas en toda la jerarquía represiva. Los hitos judiciales, como la condena al piloto y la tipificación autónoma de los delitos sexuales, reflejan una evolución crucial en la comprensión y el procesamiento de los crímenes de lesa humanidad.