Ecuador se prepara este domingo para una de las elecciones presidenciales más decisivas y complejas de su historia reciente. En un escenario atravesado por la violencia, la inseguridad y la crisis económica, los candidatos Daniel Noboa y Luisa González se disputan en segunda vuelta el liderazgo de un país fragmentado y sin un rumbo claro.
El balotaje de este 13 de abril pone en juego mucho más que un cambio de gobierno: refleja la fractura social, la polarización política y el desgaste de las promesas incumplidas que han caracterizado los últimos años de vida institucional ecuatoriana.
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Por un lado, Daniel Noboa, empresario de 37 años y actual presidente, busca su reelección con el respaldo del Movimiento Acción Democrática Nacional (ADN). Noboa representa un modelo de gestión pro-mercado, con un perfil empresarial y una postura marcada de rechazo al correísmo. En la primera vuelta, ganó por un margen mínimo de votos, apenas un 16.746 sufragios sobre su rival.
Frente a él se encuentra Luisa González, abogada de 47 años y referente del progresismo ecuatoriano. Es la heredera política del ex presidente Rafael Correa y la candidata que busca convertirse en la primera mujer en alcanzar la presidencia del país. Su campaña se construyó en torno a un modelo de inclusión social y políticas de corte estatal.
Ambos llegan a la instancia final luego de una primera vuelta electoral donde concentraron el 88% de los votos. Apenas un 12% del electorado, conformado por indecisos, nulos y quienes se abstuvieron, podría definir esta segunda vuelta que se anticipa reñida.
Los analistas coinciden en que Ecuador llega a esta elección profundamente dividido. Las posturas a favor o en contra del correísmo siguen estructurando buena parte del mapa político. A esto se suma un tercer sector de votantes: los desesperanzados, quienes ven en ambos candidatos más defectos que virtudes y consideran que elegir es optar por "el menos malo".
A este cuadro de fragmentación política se le agrega el contexto social más adverso de las últimas décadas. En lo que va de 2025, Ecuador registró un récord histórico de violencia criminal, con 1.529 homicidios intencionales en solo dos meses, la cifra más alta en la historia del país.
La inseguridad está impulsada por el crecimiento del narcotráfico y la consolidación de bandas del crimen organizado. El gobierno de Noboa declaró en enero de 2024 un "conflicto armado interno" para combatir a 22 grupos criminales, pero los resultados siguen siendo insuficientes.
A la violencia se suma una situación económica crítica. La dolarizada economía ecuatoriana sufrió en 2024 una recesión producto de la crisis energética, la inseguridad y la caída del consumo interno.
El desempleo alcanzó un 3,5% en febrero, con un mercado laboral informal que afecta principalmente a los jóvenes y a las mujeres. El Banco Central de Ecuador proyecta un crecimiento económico del 2,5% para 2025, pero los desafíos estructurales siguen intactos: dependencia de exportaciones tradicionales, baja productividad, crisis energética y escasa inversión en infraestructura.