La violencia transfóbica volvió a mostrar su rostro más cruel con el asesinato de Sara Millerey González, una mujer trans de 32 años, cuyo cuerpo fue hallado en una quebrada en el municipio de Bello, Antioquia, a las afueras de Medellín. El crimen, registrado en un video que circuló en redes sociales, mostró cómo fue agredida, con brazos y piernas fracturados, y luego abandonada para morir por ahogamiento. Las imágenes no solo revelaron la sevicia del ataque, sino también la indiferencia de quienes presenciaron la escena sin intervenir.
El caso generó repudio inmediato en Colombia y otras partes del continente, donde colectivos trans y organizaciones de derechos humanos denunciaron un nuevo episodio de transfobia extrema. El crimen de Sara no fue un hecho aislado: según cifras oficiales, en lo que va del año ya se registraron 13 asesinatos de personas trans en Colombia, seis de ellos en Antioquia, lo que configura un patrón sistemático de violencia por identidad de género.
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La organización Caribe Afirmativo confirmó que 25 personas LGBTIQ+ fueron asesinadas en lo que va de 2025, 15 de ellas trans. Su director, Wilson Castañeda, calificó el hecho como parte de una práctica sistemática que busca aniquilar la diversidad. La brutalidad del crimen, combinada con la viralización del video, expone una realidad atroz: la tortura y el asesinato como espectáculo.
En México, la Red de Juventudes Trans y colectivos como Clan Mariposas Negras convocaron a una manifestación en la embajada de Colombia para exigir justicia. Denunciaron la negación inicial de la identidad de Sara por parte de la Alcaldía de Bello y reclamaron una reparación simbólica que incluya el reconocimiento de su identidad trans. "Te nombramos Sara y exigimos justicia", expresaron en un comunicado.
El gobierno colombiano anunció una investigación, y la Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de 50 millones de pesos para dar con los responsables. El presidente Gustavo Petro también se pronunció, calificando el asesinato como un acto de fascismo. A pesar de estos gestos institucionales, la comunidad trans insiste en que la impunidad y la falta de políticas reales de prevención siguen siendo la norma.
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