El juez Manuel García-Mansilla presentó su renuncia indeclinable a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras el rechazo del Senado a su designación. El magistrado, propuesto por el presidente Javier Milei mediante el decreto 137 del 26 de febrero de 2025, fundamentó su decisión en una carta dirigida al mandatario, en la que expresó fuertes críticas al estado actual del máximo tribunal. Entre sus argumentos, destacó que la Corte funciona desde diciembre con solo tres miembros, lo cual consideró un “grave problema institucional”.
Críticas al funcionamiento del tribunal
García-Mansilla advirtió que la actual integración incompleta de la Corte Suprema genera una situación de parálisis judicial que impacta directamente en la ciudadanía. “El funcionamiento con conjueces dista de ser el ideal. Se resuelven casos, sí, pero no en la cantidad y el ritmo que exige la Corte”, expresó. Además, consideró que la lentitud en la toma de decisiones “afecta en concreto la actividad del Tribunal y, fundamentalmente, la vida de nuestros conciudadanos, que ven demorada la resolución de las disputas que someten a su decisión”.
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“Un espejismo institucional”
En su carta de renuncia, el magistrado señaló que la falta de cobertura de vacantes agrava el escenario judicial. “A esa anomalía institucional se le había sumado una nueva vacante, que agravó aún más la situación y que, incuestionablemente, requería también ser cubierta sin dilaciones”, escribió. También cuestionó la “falsa creencia de que la Corte Suprema puede funcionar con solo tres jueces”, calificándola como un “espejismo institucional que puede causar un daño incluso mayor que el que ya ha causado la demora en integrar el Tribunal”.
Un llamado a resolver la crisis institucional
Para García-Mansilla, la necesidad de completar la integración del tribunal es urgente. “La falta de integración de la Corte Suprema era un grave problema institucional que requería una solución urgente”, sostuvo. Su renuncia no solo marca un nuevo episodio en el conflicto institucional que atraviesa al Poder Judicial, sino que también pone en evidencia los desafíos que enfrenta el gobierno para consolidar la estructura del máximo órgano judicial del país.