Cristina Fernández de Kirchner estaría preparando una jugada clave en el plano internacional para intentar revertir su condena por corrupción: pediría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar que suspenda el fallo de la Corte Suprema que la inhabilita para ejercer cargos públicos y la condena a seis años de prisión.
La expresidenta, que fue sentenciada en la causa Vialidad por fraude al Estado, busca apelar a un antecedente regional para argumentar que sus derechos fueron vulnerados. Según fuentes cercanas a su entorno, el abogado Carlos Beraldi ya avanzó en la redacción del pedido, mientras dos letrados de un influyente estudio jurídico estadounidense habrían visitado la sede de la CIDH en Washington para preparar el terreno.
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El antecedente Petro: el modelo que Cristina intenta replicar
En su presentación, Cristina Kirchner citará el caso del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien en 2013 fue inhabilitado por 15 años y logró revertir esa decisión gracias a una medida cautelar de la CIDH. En aquel entonces, el organismo consideró que la sanción violaba su derecho a participar en elecciones, amparado por el artículo 23 de la Convención Interamericana.
“Ella dirá que la Justicia argentina violó su derecho de defensa y que nadie puede impedirle competir en elecciones libres, ni siquiera la Corte Suprema”, señalaron desde su entorno.
Contra el reloj y con una meta política
La presentación ante la CIDH es inminente. Cristina necesita que prospere antes de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, de las que fue excluida por la condena. Si logra que el organismo internacional suspenda el fallo local, no solo podría postularse nuevamente, sino que también evitaría el cumplimiento efectivo de la pena, al menos mientras la medida esté vigente.
Diferencias clave entre los casos
Aunque se apoya en el precedente de Petro, existen diferencias sustanciales. A ella se le imputaron delitos de corrupción, atravesó un juicio oral y su condena fue ratificada por múltiples instancias judiciales a lo largo de 17 años. Petro, en cambio, fue sancionado administrativamente por una sala disciplinaria.
A pesar de esto, la defensa de la exmandataria insiste en que se trata de una persecución política. “Cristina considera que fue proscripta por la Corte”, afirman. En este contexto, la intervención de la CIDH representa su última posibilidad para intentar regresar al escenario electoral y evitar la cárcel.