La Cámara Federal de Casación Penal evaluará si mantiene el arresto domiciliario y la tobillera electrónica que actualmente tiene Cristina Fernández de Kirchner, tras concederse los recursos presentados por el fiscal Diego Luciani y por su abogado defensor, Carlos Beraldi.
Casación analizará los recursos de ambas partes
El Tribunal Oral Federal N.º 2, que condenó a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, aceptó las apelaciones de la fiscalía y la defensa, habilitando así la revisión de la medida ante la Sala IV de Casación, compuesta por los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos. El fiscal Luciani insiste en que la ex mandataria debería cumplir su condena de seis años de prisión por administración fraudulenta en un establecimiento penitenciario común, en lugar de en su domicilio.
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Por su parte, la defensa encabezada por Beraldi reclama que se revoque la imposición de la tobillera electrónica, al considerar que su implementación constituye una interpretación errónea de la Ley de Ejecución Penal. "Se ha efectuado una errónea interpretación de la ley sustantiva", argumenta, en relación con el artículo 33 de dicha normativa.
El lunes, otra audiencia clave por las visitas
Además, Casación ya fijó para el lunes 7 de julio una audiencia para tratar otro planteo relacionado con la causa: la apelación contra el régimen de visitas restringido impuesto a la ex vicepresidenta. En paralelo, el TOF2 debe decidir si autoriza la visita del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, al departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde Kirchner cumple su prisión domiciliaria.
Cuestionamientos a las condiciones de la detención
La defensa sostuvo que "la trascendencia que reviste la resolución puesta en crisis" amerita "un control judicial amplio por parte de un tribunal superior", a fin de garantizar el derecho al doble conforme. En ese sentido, insistió en que la decisión sobre la tobillera no se ajusta a los criterios legales que justifican su uso.
Los jueces del TOF2 —Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso— fueron quienes autorizaron ambas apelaciones. Ahora será la Cámara de Casación la que tendrá la última palabra sobre las condiciones de cumplimiento de la pena de la ex presidenta.