El hecho se originó cuando un hombre fue citado a una audiencia relacionada con la muerte de una perra, pero no asistió a la misma, lo que llevó a la asistente letrada Julieta González a solicitar que se lo trasladara por la fuerza pública. Esta petición se realizó durante una audiencia ante un juez de garantías, donde se planteó que el acusado, debidamente notificado, había incumplido con su obligación de presentarse.
El juez, Luis Giorgetti, suspendió la audiencia debido a la inasistencia del imputado, pero autorizó el uso de la fuerza pública para trasladarlo a la Ciudad Judicial, con el fin de garantizar su presencia en una nueva audiencia. González explicó que la decisión se tomó por cuestiones de “economía procesal”, buscando evitar que el hombre fuera declarado en rebeldía o que se solicitara su captura.
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Una vez que el acusado sea llevado ante el juez, se le formularán los cargos por crueldad animal y se presentarán las pruebas recopiladas hasta el momento. Sin embargo, se informó que, tras su comparecencia, será puesto en libertad nuevamente.