El Ministerio Público Fiscal de Neuquén formalizó este 17 de octubre de 2025 cargos por enriquecimiento ilícito contra la ex vicegobernadora Gloria Ruiz. La acusación se extendió a su hermano y exfuncionario legislativo Pablo Ruiz, así como a Isabel Richini y Élida Noemí Sánchez, ambas exautoridades administrativas de la Legislatura provincial.
Durante la audiencia, el juez de garantías Lucas Yancarelli aceptó las imputaciones y dispuso que la investigación se realice en un plazo de cuatro meses. También rechazó el pedido de la fiscalía de declarar el caso como “complejo”.
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Enriquecimiento ilícito: compra de un vehículo de lujo
El fiscal Juan Narvaez explicó que Gloria Ruiz no pudo justificar el incremento de su patrimonio tras asumir la vicegobernación. El caso se centra en la adquisición de una camioneta Toyota SW4 valuada en más de $76 millones, en junio de 2024, mientras sus ingresos declarados correspondían únicamente al salario oficial, que en 2024 osciló entre $2 y $5 millones mensuales.
Según el fiscal, las explicaciones de la exfuncionaria —ventas de autos, préstamos y uso de tarjetas de crédito— no fueron suficientes para justificar la operación, por lo que la imputó como autora del delito de enriquecimiento ilícito, previsto en el Código Penal.
Contrataciones con Big Sur y uso de fondos públicos
El segundo hecho investigado apunta a la contratación irregular de la empresa Big Sur Marketing, que facturó servicios publicitarios por $45 millones a la Legislatura provincial. Parte de esas piezas fueron utilizadas por Ruiz en sus redes sociales personales, lo que violó la Ley Provincial 3017 sobre despersonalización de actos de gobierno.
En este punto, fueron imputadas también Richini y Sánchez como partícipes necesarias, ya que autorizaron y gestionaron los pagos que originaron un perjuicio a la administración pública.
Casa de las Leyes: rol de Pablo Ruiz
El tercer hecho se centra en la gestión de Pablo Ruiz como Coordinador de Casa de las Leyes. Entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024, contrató de manera irregular a Pedro Ariel Sauer como proveedor para trabajos publicitarios, con un perjuicio calculado en $45,4 millones.
Según la acusación, las contrataciones se realizaron fuera de la Ley de Administración Financiera y convalidaron pagos sin cumplir procedimientos administrativos. En este esquema también participaron Richini y Sánchez, quienes posibilitaron 16 contrataciones directas.
Medidas cautelares e inhibición de bienes
Tras formular los cargos, la fiscalía solicitó la inhibición general de bienes de Ruiz, Richini y Sánchez por diez meses, hasta cubrir un monto de $246 millones. La medida, ya vigente para Pablo Ruiz desde marzo, fue aprobada por el juez Yancarelli con el objetivo de garantizar posibles reparaciones en caso de condena.
El proceso continuará con una investigación de cuatro meses bajo la conducción de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos.