El avance en la investigación por el triple femicidio narco de Florencio Varela derivó en la detención de Mónica Débora Mujica, esposa de Lázaro Víctor Sotacuro, acusado de liderar la organización criminal vinculada al asesinato de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez. La mujer fue arrestada en la Ciudad de Buenos Aires y, durante su indagatoria, se negó a declarar ante el fiscal Adrián Arribas.
Fuentes judiciales confirmaron que la detenida enfrenta sospechas de ser coautora del triple homicidio, en el marco de una banda dedicada al narcotráfico que operaba entre el Bajo Flores y el sur del conurbano. La negativa a brindar testimonio se produjo durante la audiencia de este sábado, cuando el defensor oficial recién había tomado contacto con la imputada. Aun así, Mujica permanece detenida en dependencias de la DDI de La Matanza.
Te podría interesar
El fiscal Arribas, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, explicó que la mujer fue indagada “en cuanto llegó el defensor oficial”, aunque decidió guardar silencio. De esta manera, su situación procesal se agrava al ser considerada parte activa de la red delictiva y del encubrimiento posterior al crimen, que incluyó la eliminación de teléfonos celulares y evidencias clave.
Con la detención de Mujica, ya son diez las personas apresadas por el caso. Entre ellas figura su pareja, Víctor Sotacuro, y otros miembros de la organización investigada. Según testigos, Mujica estaba al tanto de todas las operaciones del grupo y participaba de manera directa en el negocio narco, incluso jactándose de los beneficios económicos obtenidos. En conversaciones reproducidas en el expediente, habría dicho: “Ahora tenemos para comer, nuestro carro, nuestra casita”.
El caso sigue revelando vínculos con un entramado criminal mayor. En paralelo, la Justicia allanó la celda de Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias “El Señor Jota”, un narco peruano detenido por tráfico de drogas, señalado como posible autor intelectual del triple crimen. Se sospecha que desde su celda en la División Caballería de la PFA coordinó la ejecución de los homicidios y el posterior intento de ocultamiento de las pruebas.
Los fiscales consideran que el triple femicidio podría haber sido un ajuste de cuentas dentro de la banda tras el robo de una partida de drogas. La causa, actualmente bajo la órbita de la justicia provincial, podría pasar al fuero federal ante las evidencias de conexiones internacionales y la participación de prófugos con pedidos de captura en el exterior.