Estafa por $128 millones en Andacollo: cuatro imputados por asociación ilícita

El Ministerio Público Fiscal de Neuquén imputó este jueves a cuatro personas por conformar una asociación ilícita dedicada a maniobras defraudatorias que habrían generado un perjuicio superior a los $128 millones contra la Municipalidad de Andacollo.

La acusación fue presentada por el fiscal del caso, Víctor Salgado, y el fiscal jefe Fernando Fuentes, quienes señalaron que los hechos investigados ascienden a trece y se ejecutaron mediante certificaciones falsas de horas de maquinaria vial, disposición ilegítima de áridos de la cantera municipal y apropiación de bienes públicos.

Quiénes son los funcionarios imputados

Los imputados son los funcionarios municipales Eduardo Argentino Zenteno (secretario de Servicios, Redes y Espacios Verdes) y Carlos Daniel Leiva (director de Redes), ambos actualmente de licencia; y los comerciantes K.C.V. y J.C.V., vinculados a un corralón proveedor del municipio. La querella que representa a la Municipalidad adhirió a la acusación, mientras que también participó la Fiscalía de Estado.

La teoría del caso

Según la Fiscalía, las maniobras incluyeron certificaciones ficticias de horas de maquinaria por obras que en realidad ejecutó personal municipal o empresas ajenas a los acusados. También se investiga el retiro y venta irregular de áridos municipales, así como la apropiación de bienes y trabajos realizados por personal del taller municipal en beneficio privado.

Las operaciones, de acuerdo al MPF, fueron realizadas mediante una estructura organizada con roles definidos entre funcionarios y proveedores.

La Fiscalía solicitó que la investigación sea declarada como “asunto complejo” y se habilite un plazo de un año, debido a la pluralidad de hechos, imputados y material pendiente de peritaje, que incluye computadoras y soportes digitales. La jueza de garantías Vanessa Macedo Font rechazó ese planteo y fijó un plazo de investigación de tres meses.

Las medidas cautelares, en suspenso

En cuanto a las medidas cautelares, la Fiscalía pidió el embargo e inhibición general de bienes de todos los acusados, por una suma equivalente al daño estimado. Para los comerciantes J.C.V. y K.C.V. se solicitó un embargo por $130 millones, con depósito en una cuenta judicial. Para Zenteno y Leiva, se requirió la inhibición preventiva de bienes y el embargo de cuentas bancarias y billeteras virtuales.

Además, los fiscales solicitaron prisión preventiva para J.C.V., K.C.V. y Zenteno, argumentando riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Para Leiva, en cambio, pidieron restricciones menos gravosas: fijación de domicilio, comparecencia semanal, prohibición de salir de la provincia y de contactarse con empleados municipales. Tras escuchar a las partes, la jueza anunció un cuarto intermedio hasta mañana para resolver sobre las medidas cautelares.

Uno por uno, los 13 casos de fraude investigados

Hecho 1

El 22 de octubre de 2025, Zenteno certificó 58 horas de uso de una retro pala JCB para obras de electrificación en Huaraco, cuando en realidad sólo se trabajaron cuatro. El municipio pagó $9.860.016 a la cuenta vinculada al corralón administrado por J.C.V.

Hecho 2

Zenteno certificó 143 horas de maquinaria para una obra de gas en la Quinta Municipal, pese a que los trabajos los hizo personal municipal y otra empresa. El corralón facturó $19.530.000,28, monto que fue abonado ese mismo día, 3 de octubre.

Hecho 3

Zenteno y Leiva certificaron 57 horas de una retro pala JCB para la red de gas de la Quinta Municipal. La obra la ejecutó el municipio y otra empresa, sin participación del proveedor. Aun así, el corralón cobró $7.980.000,05 el 11 de septiembre.

Hecho 4

El 3 de julio, Zenteno y Leiva avalaron 116 horas de maquinaria para trabajos en Cañada del Durazno y Cañada de las Cabras, tareas realizadas por personal municipal y otra firma. El corralón facturó $15.860.000,22, pagados el 27 de junio de 2025.

Hecho 5

Zenteno, Leiva, K.C.V y J.C.V certificaron 105 horas de maquinaria a favor del Corralón Ceferino el 5 de agosto de 2025. El municipio pagó $17.625.000,17 por servicios que, según la investigación, no se prestaron.

Hecho 6

Zenteno ordenó a un chofer municipal trabajar con maquinaria del corralón en la cantera de Andacollo. El empleado cargó 80 bateas de áridos para beneficio de K.C.V y J.C.V, dentro y fuera de su horario laboral.

Hecho 7

Zenteno sustrajo unas 80 bateas de arena de la cantera municipal y permitió que fueran vendidas por el corralón administrado por J.C.V y K.C.V. El perjuicio estimado asciende a $58.000.000,60.

Hecho 8

Zenteno y Leiva, como organizadores, y K.C.V y J.C.V, como ejecutores, integraron una asociación ilícita entre junio y octubre de 2025. Emitían certificaciones y facturas falsas, gestionaban cobros y distribuían ganancias ilícitas mediante el Corralón Ceferino.

Los últimos 5 hechos, descubiertos en el allanamiento en casa de Zenteno

Los cinco hechos que también se le imputaron, fueron descubiertos en el allanamiento a la vivienda de Zenteno, el pasado 5 de noviembre:

El acusado se apropió de un rollo de 100 metros de cable valuado en $78.099,17, adquirido por el municipio en 2023. Además, se quedó con una mesa de caño estructural destinada a un centro comunitario. Fue también acusado de sustraer una cocina industrial del municipio entre abril y octubre de 2025. 

También utilizó mano de obra y materiales municipales para fabricar una mesada de hierro para uso personal. Por último, Zenteno ordenó construir un perchero metálico utilizando personal y recursos del taller municipal. Todos estos objetos fueron secuestrado en su domicilio.

La imputación

El MPF imputó a los acusados por defraudación contra la administración pública, peculado, asociación ilícita y otras figuras en concurso real, según el rol y participación de cada uno. La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por el intendente de Andacollo, Manuel San Martín, quien también estuvo presente en la audiencia.