La jueza de garantías Alina Macedo Font rechazó este viernes los pedidos de prisión preventiva para dos de los cuatro acusados por las maniobras que habrían generado un perjuicio superior a los $128 millones contra la Municipalidad de Andacollo. La solicitud había sido presentada por el fiscal jefe Fernando Fuentes y el fiscal del caso Víctor Salgado.
Los cargos fueron formulados ayer contra los funcionarios municipales Eduardo Argentino Zenteno, secretario de Servicios, Redes y Espacios Verdes; Carlos Daniel Leiva, director de Redes; y dos comerciantes vinculados a un corralón proveedor del municipio, K.C.V. y J.C.V.
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Finalizada la audiencia, la jueza postergó hasta hoy la decisión sobre las medidas cautelares, donde eligió no dictar prisiones preventivas, pero sí avanzar con medidas patrimoniales: dispuso el embargo e inhibición de bienes hasta cubrir el monto estimado de las estafas.
Las medidas cautelares
En esa línea, ordenó el embargo de las cuentas bancarias de Zenteno y Leiva. Para los comerciantes, en cambio, fijó un depósito judicial por $130 millones como condición de cautela patrimonial. También impuso una prohibición de mantener comunicación vinculada con la causa, por tres meses, entre Zenteno, J.C.V. y K.C.V., el intendente y un grupo de empleados municipales identificados en la investigación.
Los argumentos para rechazar la prisión preventiva
Los fiscales habían planteado que los comerciantes presentaban riesgos de fuga y de entorpecimiento, por su solvencia económica y su capacidad para influir en testigos.
Sin embargo, la jueza desestimó esos argumentos y descartó imponer medidas de coerción personal, entre ellas la prohibición de salida de la provincia. En el caso de Leiva, consideró que no había elementos que acreditaran riesgos procesales, por lo que no aplicó ninguna restricción.
Tanto el fiscal del caso como la querella que representa al municipio anunciaron que pedirán la revisión del fallo ante un tribunal.