El Tribunal de Revisión de Neuquén, integrado por los jueces Juan Manuel Kees, Marco Lupica Cristo y la jueza Carolina García, confirmó este 4 de noviembre de 2025 los embargos preventivos contra la ex vicegobernadora Gloria Ruiz y otra funcionaria de la Legislatura provincial, en el marco de la causa LEG 327665.
La decisión mantiene vigente la medida dictada por el juez de garantías Lucas Yancarelli el pasado 30 de octubre, que había ordenado el embargo de bienes y cuentas bancarias de las imputadas.
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Qué habían planteado las defensas
Los abogados defensores solicitaron la revisión de la medida cautelar, argumentando que los montos embargados eran excesivos y superaban el valor que la fiscalía busca resguardar. Según la presentación, los bienes alcanzados por la resolución judicial superan los 120 millones de pesos en el caso de Gloria Ruiz y los 90 millones de pesos en el de la otra funcionaria.
No obstante, el tribunal consideró que la resolución de Yancarelli se encuentra “debidamente fundamentada y ajustada a derecho”, y por ello rechazó los planteos de la defensa.
Posibilidad de revisión futura
En su fallo, el Tribunal de Revisión aclaró que, una vez que se realicen las tasaciones de los inmuebles embargados, las defensas podrán solicitar una nueva audiencia para pedir el levantamiento parcial de los embargos o proponer otros bienes en sustitución, siempre que el valor cubra el monto requerido por la fiscalía.
La medida cautelar busca asegurar eventuales reparaciones económicas en caso de que las imputadas sean condenadas por los delitos investigados en el proceso penal.
Contexto del caso
La ex vicegobernadora Gloria Ruiz fue imputada el 17 de octubre por el delito de enriquecimiento ilícito, junto a su hermano Pablo Ruiz y dos exfuncionarias de la Legislatura. Según la fiscalía, Ruiz no logró justificar la compra de una camioneta Toyota SW4 valuada en más de $76 millones, y además habría participado en contrataciones irregulares con la empresa Big Sur Marketing, causando un perjuicio millonario al Estado provincial.
La investigación, a cargo del fiscal Juan Narvaez, busca determinar el origen de los fondos y las responsabilidades administrativas y penales por presuntos fraudes a la administración pública durante su gestión.