Este viernes por la mañana se desplegó un megaoperativo judicial con 14 allanamientos simultáneos en las ciudades de Neuquén, Plottier y General Roca, como parte de la investigación que involucra a la exvicegobernadora neuquina Gloria Ruiz por presunto fraude, enriquecimiento ilícito y peculado.
El operativo fue impulsado por la fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público Fiscal (MPF), bajo la conducción de Juan Manuel Narváez, con la colaboración del fiscal jefe Pablo Vignaroli y del personal especializado de la Policía provincial. Los jueces Lucas Yancarelli y Luis Giorgetti autorizaron las diligencias judiciales.
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Los allanamientos se concentraron principalmente en Plottier (10), pero también se realizaron en dos domicilios de Neuquén y otros dos en General Roca. Incluyeron viviendas de allegados a Ruiz y la sede de una empresa publicitaria vinculada a contratos con la Legislatura.
Elementos secuestrados y foco de la pesquisa
Durante los procedimientos se incautaron teléfonos móviles, computadoras, discos rígidos, tarjetas de memoria y documentación que podría estar relacionada con contrataciones de la Legislatura de Neuquén.
La causa se inició en noviembre del año pasado y apunta a supuestas maniobras fraudulentas durante la gestión de Gloria Ruiz como vicegobernadora, entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024, período en el que fue destituida por “inhabilidad moral”.
Uno de los focos de la investigación es un contrato firmado con la firma Big Sur Marketing SAS, con sede en General Roca, Río Negro. La empresa, creada en 2020 por Gustavo Dousdebes y Santiago Romera, recibió pagos mensuales de 11 millones de pesos entre mayo y agosto de 2024 por servicios a la Legislatura.
En el expediente también se menciona a Pablo Schapira, quien ejercía funciones como director de Comunicación de la Legislatura, aunque no figuraba formalmente en el cargo.
El hermano de la exfuncionaria, acusado de peculado
Pablo Antonio Ruiz, hermano de la exvicegobernadora y extitular de la Casa de las Leyes, fue imputado formalmente en marzo por el delito de peculado. Según la fiscalía, entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024 habría desviado a su cuenta personal un total de 52.798.459,10 pesos provenientes de sueldos y programas culturales. Parte de ese dinero fue utilizado para constituir plazos fijos, uno de los cuales fue embargado por un monto superior a los 47 millones de pesos.
“El perjuicio económico causado a la administración pública provincial supera los 52 millones de pesos”, sostuvo el fiscal Narváez.