La Justicia de Neuquén imputó a una integrante de una comunidad mapuche por la presunta usurpación de un terreno en la localidad de Villa Pehuenia. La acusada fue señalada como responsable de ocupar ilegalmente una propiedad privada desde febrero de este año.
El fiscal Marcelo Jofré presentó la acusación formal contra Cecilia Maliqueo, a quien se le atribuye el despojo parcial de un campo ubicado entre las rutas provinciales 13 y 23, cerca del arroyo Calfuqueo, en el acceso a Villa Pehuenia. De acuerdo con la investigación preliminar, el hecho se produjo el 22 de febrero de 2025, cuando la mujer, junto a otras personas aún no identificadas, habría dañado la tranquera de ingreso y ocupado el lugar instalando carpas y estructuras de madera.
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Pedido de desalojo y posición de la querella
Durante la audiencia realizada este martes, el fiscal solicitó como medida cautelar que se ordene el cese inmediato de la ocupación, exigiendo el retiro de todas las personas que permanecen en el terreno. La querella, que representa al propietario del campo, apoyó tanto la acusación como el pedido de desalojo ante la jueza de garantías, Carolina González.
Decisión judicial y avance de la causa
La magistrada avaló la formulación de cargos por el delito de usurpación continuada, en calidad de autora, y estableció un plazo de cuatro meses para llevar adelante la investigación contra la mujer, lonco de la comunidad Tuwvn Kupalmeo Maliqueo. Sin embargo, decidió rechazar la medida cautelar solicitada, a la espera de nuevas evidencias en el marco de la investigación formalizada.
Desde la defensa alegan que se trata de un espacio de ocupación ancestral, amparado por el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. Además, según indican, existe un acuerdo cartográfico reciente firmado con el gobierno neuquino para validar dicha posesión.
Pero la querella, representada por el estudio Cúneo Libarona, cuyo titular es el actual ministro de Justicia de la Nación, sostiene que el ingreso fue “clandestino y violento” y no cuenta con reconocimiento por parte del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas). La acusación invoca el artículo 181 del Código Penal, que sanciona la ocupación de tierras con daño o violencia. Todo esto se suma a que el terreno pertenecía al exjuez federal condenado por delitos de lesa humanidad, Pedro Duarte.