Una mujer identificada como M.E.F fue formalmente acusada por la Justicia neuquina tras protagonizar dos episodios de violencia en el Instituto de Formación Docente N° 12. En abril, amenazó a una docente y al día siguiente regresó a la institución, donde golpeó a tres directivas. Como medida cautelar, se le prohibió acercarse al colegio y a las víctimas.
Durante la audiencia realizada recientemente, la fiscal Lucrecia Sola y la asistente letrada Agustina Bouyer le atribuyeron a M.E.F los delitos de amenazas simples y lesiones leves —en dos hechos—, todos en concurso real. La acusación fue acompañada por una medida cautelar que impide que la imputada se acerque a menos de 200 metros del establecimiento educativo ni mantenga contacto con las cuatro docentes involucradas, ya sea de forma personal o por medios electrónicos. La prohibición rige por un plazo de seis meses.
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El primer hecho: amenazas durante una reunión escolar
El primer incidente ocurrió el 21 de abril a las 14:20, cuando M.E.F fue convocada a una reunión con autoridades del colegio debido a una situación vinculada a su hija, quien es alumna del instituto. Durante el encuentro, en el que participaban la profesora de inglés, la regente, la subregente y la maestra de grado, la mujer reaccionó de forma violenta ante los planteos de la docente de inglés, a quien insultó y amenazó con frases como: “Vamos afuera, a ver si te animás conmigo” y “te voy a esperar y voy a averiguar dónde vivís”. La situación se contuvo con la intervención del personal de seguridad.
Segundo episodio: regresó y atacó a tres trabajadoras
Al día siguiente, el 22 de abril a las 13:45, la mujer volvió al colegio, esta vez acompañada por una persona cuya identidad no fue determinada. Al no encontrar a la docente de inglés, ingresó al área de secretaría y agredió físicamente a la regente, la subregente y una auxiliar administrativa. Las tres mujeres sufrieron lesiones, algunas de ellas de carácter significativo, con tiempos de recuperación estimados entre 7 y 21 días.
Los representantes legales de dos de las víctimas actuaron como querellantes y adhirieron a la acusación y a las medidas solicitadas por la fiscalía. La jueza de garantías Carina Álvarez avaló la formulación de cargos y fijó un plazo de cuatro meses para completar la investigación preparatoria. La causa quedó caratulada bajo los artículos 89, 149 bis, 55 y 45 del Código Penal.