Este martes comenzó en Neuquén el juicio de cesura para determinar la pena que deberá cumplir Ramiro Fabián Fernández, quien ya fue declarado culpable de cometer 36 estafas —34 inmobiliarias y 2 financieras— por un monto estimado en un millón de dólares. El acusado operaba desde una sucursal de una inmobiliaria bonaerense en Villa La Angostura.
Una red de engaños con terrenos
La maniobra delictiva se desplegó entre agosto de 2017 y diciembre de 2023. Según determinó la investigación, Fernández utilizó al menos tres métodos distintos para estafar a decenas de personas interesadas en adquirir terrenos.
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En primer lugar, ofrecía unidades funcionales de un loteo y, al firmar los boletos de compraventa, incluía nomenclaturas catastrales que ya correspondían a otros lotes vendidos, llegando a revender un mismo terreno más de una vez. En otras ocasiones, incorporaba en los boletos datos de unidades que directamente no existían. Y, en un tercer mecanismo, vendía terrenos sobre los cuales no tenía propiedad ni poderes legales para operar.
Cómo avanza el juicio
El debate oral que comenzó este martes durará al menos cuatro jornadas y contará con cerca de 40 testigos. La fiscalía está representada por Adrián De Lillo y el asistente letrado Federico Gayós.
El tribunal colegiado que definirá la pena está compuesto por la jueza Vanessa Macedo Font y los jueces Maximiliano Bagnat y Federico Sommer. La causa fue declarada compleja desde el inicio y tuvo múltiples reformulaciones de cargos.
Condena y restricciones vigentes
Fernández fue condenado luego de admitir su responsabilidad penal en los hechos. La audiencia en la que aceptó los cargos incluyó, además, la imposición de una medida cautelar que le prohíbe salir del país, aún vigente.
En total, aceptó ser autor de 39 hechos: 36 estafas y 3 casos de desbaratamiento de derechos acordados.
Antecedentes del caso
El proceso judicial comenzó formalmente el 8 de marzo de 2024, cuando se le formularon cargos por 45 hechos de estafa. Esa acusación fue ampliada y reformulada en dos oportunidades hasta llegar a la actual condena.
Entre las pruebas clave del Ministerio Público Fiscal se presentaron boletos de compraventa, escrituras y documentación que respaldó la existencia de operaciones fraudulentas reiteradas. “La evidencia recabada llevó al Ministerio Público Fiscal a reformular los cargos en relación con la venta de algunas unidades funcionales”, explicaron desde la fiscalía.
Ahora, resta que el tribunal determine el monto de la pena.