El barrio Gran Neuquén fue escenario este lunes 11 de agosto del primer derribo de un inmueble utilizado para la venta de drogas en la provincia, en el marco de la nueva política contra el microtráfico impulsada desde hace cinco meses por el Ministerio Público Fiscal (MPF). La acción contó con la presencia del fiscal general José Gerez, el intendente Mariano Gaido, el ministro de Seguridad Matías Nicolini y el jefe de Gabinete Juan Luis Ousset.
Un operativo inédito contra el microtráfico
La demolición se realizó luego de un allanamiento efectuado a fines de julio, donde la fiscalía de Narcocriminalidad y el departamento Antinarcóticos de la Policía provincial encontraron 22 envoltorios de cocaína, tres balanzas digitales, dinero en efectivo y un rifle calibre 22 con municiones. Dos personas, identificadas como H.A.C. y M.J.C., fueron imputadas por tenencia de estupefacientes para la comercialización y tenencia de arma de fuego.
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El fiscal general José Gerez calificó la jornada como “un día histórico” y remarcó que la medida forma parte de un plan estratégico respaldado por el gobernador Rolando Figueroa para “neutralizar los puntos de venta” y evitar que el delito continúe, incluso después de las detenciones.
Denuncia vecinal y acción municipal
El procedimiento se inició gracias a denuncias anónimas realizadas por vecinos a través del código QR del MPF y la aplicación “Neuquén te cuida”. El propietario del terreno autorizó el derribo, que estuvo a cargo de la subsecretaría de Limpieza Urbana del municipio, con custodia policial para garantizar la seguridad en el lugar.
Gerez destacó “la celeridad con la que actuó el intendente Mariano Gaido” y adelantó que este tipo de operativos continuará en otras localidades como Centenario y San Martín de los Andes, donde también se prevé demoler propiedades vinculadas al microtráfico.
El trasfondo de la medida
La vivienda, una casilla precaria, había sido clausurada con tres objetivos: detener la actividad delictiva, investigar la propiedad y preservar el bien. La demolición representa un cambio en la política provincial, que ahora no solo apunta a detener a los responsables, sino también a eliminar los espacios físicos donde operan.
Según las autoridades, el éxito de esta estrategia depende en gran medida de la colaboración ciudadana, a través de herramientas digitales que permiten denunciar de forma segura y anónima los lugares donde se sospeche la venta de drogas.