El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano provincial y la Justicia Federal intervinieron en una chacra de la ciudad de Centenario en el marco de una investigación por presunta trata de personas con fines de explotación laboral.
El operativo permitió detectar una familia con cuatro menores de edad que residía en el predio en condiciones habitacionales extremadamente precarias, por lo que se dispusieron medidas urgentes de resguardo.
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El allanamiento se realizó de manera conjunta entre el Ministerio Público Fiscal de la Nación (a través de la unidad fiscal de delitos sencillos a cargo de la fiscal federal Vanesa Rebolledo), el Centro de Atención a la Víctima (CAV), el programa nacional de rescate de víctimas de trata, personal de guardia de la Ley 2302, la subsecretaría de Trabajo, la dirección provincial de prevención y erradicación del trabajo infantil y adolescente, y Prefectura Naval Argentina.
La investigación se originó tras la detección de trabajadores en condiciones de vulnerabilidad, quienes fueron asistidos por el CAV ante una posible situación de trata por explotación laboral. Durante el procedimiento se constataron graves irregularidades vinculadas a las condiciones de trabajo, vivienda, higiene y seguridad.
"Se constataron trabajadores en condiciones extremadamente precarias"
El secretario de Trabajo, Pablo Castillo explicó que “en el lugar se constataron trabajadores en condiciones extremadamente precarias, especialmente en lo referido a vivienda, higiene y seguridad laboral". Desde la labor de la subsecretaría de Trabajo no se encontró documentación que permitiera verificar la registración laboral de los trabajadores y esto derivó en el labrado del acta correspondiente, la solicitud de la presentación de la documentación exigida por la normativa vigente y la intimación a regularizar la situación laboral”.
Durante el allanamiento se detectó la presencia de cuatro niños que se encontraban junto a sus progenitores. La familia habitaba una vivienda de material en condiciones extremadamente precarias, situación que motivó la intervención de la dirección provincial de prevención del trabajo infantil, que sugirió al CAV y a la guardia de la Ley 2302 la adopción de medidas para resguardar la integridad física de los menores.
Tras dar intervención a la defensoría de los derechos del niño y niña de guardia, la fiscal federal Vanesa Rebolledo determinó que la familia no podía continuar en esas condiciones dentro del predio y dispuso el traslado urgente del grupo familiar a un lugar de resguardo, tarea que quedó a cargo del Centro de Atención a la Víctima.