Una investigación judicial por venta de drogas en la ciudad de Neuquén dejó al descubierto una situación de extrema gravedad social y familiar: dos niños que vivían en la misma casa donde se comercializaban estupefacientes fueron hospitalizados tras detectarse cocaína en sangre. El dato fue clave para dimensionar el riesgo al que estaban expuestos y motivó la intervención urgente del fuero de Familia.
El caso ocurrió en una vivienda del sector Atahualpa, que actualmente permanece clausurada por orden judicial. Allí, según la acusación fiscal, una pareja vendía cocaína y marihuana de manera sostenida mientras los menores convivían en un entorno atravesado por drogas, armas y movimientos constantes de compradores.
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Un entorno marcado por el consumo y la venta
La investigación, impulsada por el Ministerio Público Fiscal, se inició tras varias denuncias anónimas que advertían sobre venta de estupefacientes y la posible presencia de armas de fuego. Con el avance de las tareas de vigilancia, los investigadores confirmaron un flujo permanente de personas que ingresaban y salían de la vivienda, en intercambios rápidos conocidos como “pasamanos”.
Según la fiscal del caso, Eugenia Titanti, al menos durante enero de 2026 se registraron más de una decena de operaciones de venta, documentadas con observaciones directas, fotografías y filmaciones. Las transacciones se realizaban tanto en efectivo como mediante transferencias digitales, principalmente a través de Mercado Pago, con movimientos frecuentes durante la noche y la madrugada.
El triste dato que encendió las alarmas
Más allá de la mecánica delictiva, el elemento más alarmante surgió cuando se constató que dos niños que residían en la vivienda habían sido internados y dieron positivo de cocaína en sangre. De acuerdo con la fiscalía, no se trató de un episodio aislado, sino de una consecuencia directa del contexto en el que vivían, expuestos de manera permanente al consumo y la manipulación de estupefacientes.
Esta situación derivó en la intervención del Juzgado de Familia N.º 6, que dispuso medidas de protección y ordenó que los menores fueran retirados del domicilio tras recibir atención médica. El cuadro evidenció un drama familiar que trascendió la causa penal y puso el foco en la vulneración de derechos de los niños.
Armas, droga y dinero en la casa
El allanamiento realizado el 30 de enero confirmó el escenario que describían las denuncias. En el interior de la vivienda se secuestraron dosis de cocaína y cannabis, balanzas de precisión, recortes de nylon utilizados para fraccionar la droga y más de 490 mil pesos en efectivo, mayormente en billetes de baja denominación.
También se encontraron dos revólveres —uno calibre 22 y otro calibre 38 con numeración suprimida— ambos aptos para el disparo, junto con cerca de 200 municiones de distintos calibres. Para la fiscalía, estos elementos reforzaron la hipótesis de una actividad ilícita sostenida y organizada.
Prisión domiciliaria y casa clausurada
En la audiencia de formulación de cargos, el juez Raúl Aufranc imputó a la pareja por comercialización de estupefacientes en concurso real con tenencia ilegal de armas de fuego. Ambos quedaron con detención domiciliaria por cuatro meses en un domicilio alternativo, bajo control con tobilleras electrónicas y rondines policiales hasta su colocación.
Además, el magistrado resolvió mantener clausurada la vivienda donde ocurrieron los hechos para permitir nuevas pericias y notificó al fuero de Familia sobre la situación procesal. La imputada fue autorizada a salir una vez por semana para cumplir con un tratamiento médico.
El caso continúa en etapa de investigación, mientras la Justicia evalúa responsabilidades penales y se sostiene la protección de los menores que vivían en un entorno atravesado por la violencia, la droga y el abandono.