La Justicia de Neuquén confirmó este 20 de febrero de 2026 la condena a 18 años de prisión impuesta a Walter Guido Herrera, el docente declarado responsable por múltiples delitos contra la integridad sexual cometidos contra niños y niñas que asistían al Jardín de infantes 31 de la capital provincial.
El tribunal de impugnación, integrado por Mauricio Macagno, Andrés Repetto y Liliana Deiub, rechazó los planteos de la defensa y confirmó en todos sus términos tanto la declaración de responsabilidad como la pena fijada.
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Durante la audiencia, el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid defendió la legalidad del juicio y solicitó que se desestimara el recurso presentado por el condenado.
Qué resolvió el jurado popular
En noviembre de 2024, un jurado popular declaró culpable a Herrera por un hecho de abuso sexual con acceso carnal, dos hechos de abuso sexual gravemente ultrajante y nueve hechos de abuso sexual simple. Todos los delitos fueron agravados por su condición de encargado de la educación.
Los hechos tuvieron como víctimas a niños y niñas que asistían al Jardín 31. En febrero de 2025, tras el veredicto, se fijó la pena en 18 años de prisión.
Los cuestionamientos de la defensa
La defensa impugnó tanto el veredicto como la pena, al sostener que existieron defectos procesales, irregularidades en las instrucciones al jurado y arbitrariedad en la valoración de la prueba.
Entre los argumentos, planteó la hipótesis de una “psicosis colectiva” para desacreditar la acusación. Sin embargo, el fiscal sostuvo que el jurado emitió 12 veredictos de culpabilidad y 11 de no culpabilidad, lo que evidenció —según su postura— un análisis detallado de cada imputación.
El tribunal compartió ese criterio y destacó que la coexistencia de condenas y absoluciones demuestra un examen minucioso y responsable de la prueba producida en el juicio.
Análisis de las pericias psicológicas
Otro eje central de la impugnación fue la validez de los informes elaborados por las psicólogas del Gabinete de Psiquiatría y Psicología Forense del Poder Judicial y por la perito de la querella.
Los jueces y la jueza descartaron los cuestionamientos y señalaron que, mientras la defensa criticó de forma general los informes oficiales, su propia perito validó una de las Cámaras Gesell utilizadas por la fiscalía como prueba de cargo. Además, remarcaron que la especialista reconoció un error al señalar supuestas inconsistencias en los informes oficiales.