Este martes 3 de febrero de 2026, durante una audiencia realizada en la ciudad de Neuquén, el Ministerio Público Fiscal avanzó en la investigación contra una empleada del Registro Civil acusada de haber realizado un cobro indebido en el marco de un casamiento y de haber consignado datos falsos en un acta matrimonial oficial.
Reformulación de cargos y ampliación de la acusación
El asistente letrado del Ministerio Público Fiscal, Facundo Bernat, explicó que los hechos investigados se mantuvieron, pero que la acusación fue reformulada para incorporar agravantes penales y nuevas consecuencias económicas derivadas de la conducta atribuida a la funcionaria.
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Entre los cambios, se incluyó el agravamiento de la imputación por falsedad ideológica y la incorporación de un perjuicio patrimonial al Estado provincial.
El presunto cobro ilegal a una pareja
De acuerdo con la acusación, el primer hecho ocurrió el 6 de enero de 2025. La fiscalía sostuvo que la imputada, en su carácter de oficial pública, habría exigido a una pareja el pago de $90.000 para concretar un matrimonio, bajo el argumento de que el sellado abonado no correspondía al trámite. El dinero habría sido transferido a una cuenta personal de la empleada en Mercado Pago.
Irregularidades en el acta matrimonial
El segundo hecho está vinculado a la confección del acta del casamiento. Según expuso la fiscalía, la empleada omitió dejar constancia de que la ceremonia se realizó a domicilio y no consignó los testigos exigidos por la normativa vigente.
La acusación señaló que estas irregularidades constituyen falsedad ideológica agravada, al tratarse de una funcionaria pública que habría actuado con abuso de sus funciones. Además, se indicó que la maniobra generó un perjuicio económico al Estado, ya que no se abonó la tasa correspondiente al casamiento a domicilio, y obligó a los contrayentes a realizar una posterior rectificación administrativa.
Delitos imputados y situación procesal
Los hechos fueron encuadrados como exacciones ilegales agravadas, por haber convertido en propio el provecho del ilícito, y falsedad ideológica agravada, en concurso real y en carácter de autora.
Finalmente, el juez de garantías Juan Guaita avaló la reformulación de los cargos y concedió una prórroga de tres meses para continuar con la investigación. La causa continúa en etapa investigativa.