La Provincia del Neuquén autorizó este lunes 2 de marzo de 2026 la adquisición de dispositivos Taser para la Policía provincial, con una inversión total de $2.979.637.452,75. La decisión fue formalizada mediante un decreto firmado por el gobernador Rolando Figueroa y apunta a reforzar la capacidad operativa de la fuerza y promover un uso gradual y razonable de la fuerza en intervenciones.
Qué equipamiento se comprará
La norma habilita la contratación de dispositivos de control neuromuscular de baja letalidad, junto con accesorios, cartuchos operativos y de entrenamiento, cámaras corporales, sistemas de carga y licencias de uso.
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La compra se realizará en el marco de la Ley 3474 y su decreto reglamentario, lo que establece el encuadre legal para la incorporación del equipamiento destinado a la Policía del Neuquén.
Para qué se utilizarán las Taser
Según se informó oficialmente, los dispositivos permitirán a los efectivos intervenir en situaciones de resistencia activa o ante riesgos potenciales, con el objetivo de reducir la probabilidad de lesiones graves.
La incorporación de estas herramientas busca dar respuesta a la diversidad territorial y operativa que enfrenta la Policía, especialmente en ámbitos urbanos, turísticos y zonas de alta circulación.
Protocolos y capacitación
El uso de las Taser estará acompañado por protocolos específicos de actuación y capacitación para el personal policial. La medida contempla la formación necesaria para garantizar un empleo adecuado de los dispositivos.
Además, la inversión incluye cámaras corporales y sistemas complementarios que permitirán mejorar la planificación logística, la trazabilidad del equipamiento y la transparencia en la utilización de medios coercitivos.
Profesionalización y estándares
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la adquisición se enmarca en estándares nacionales e internacionales de profesionalización policial y respeto por los derechos humanos.
Con la firma del decreto, el proceso de compra quedó formalmente autorizado y la implementación quedará sujeta a los mecanismos administrativos previstos por la normativa vigente.