El Ministerio Público Fiscal de Neuquén amplió la formulación de cargos en la causa que investiga el presunto desvío de fondos públicos destinados a la cooperativa Viento Sur. En la reformulación de la acusación, realizada el 4 de marzo de 2026, fueron imputados los exministros Orlando Abel Di Luca y Germán Chapino por su presunta participación en la autorización de pagos del programa investigado. Según la fiscalía, la maniobra habría provocado un perjuicio al Estado provincial de $1.208.657.600 a valores históricos.
La ampliación de la acusación
La acusación fue presentada por el fiscal jefe Pablo Vignaroli junto con la fiscal del caso Rocío Rivero, el asistente letrado Facundo Bernat y la asistente letrada Agustina Jara. Además, la Fiscalía de Estado adhirió a la imputación y acompañó los planteos del Ministerio Público Fiscal.
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La investigación ya tenía imputados a seis integrantes de la cooperativa Viento Sur por el presunto uso indebido de fondos públicos otorgados en el marco del Programa de Acciones de Fortalecimiento para la Capacitación de Integrantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Ese programa había sido creado por el Decreto 1672/2022 del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo y establecía una serie de controles obligatorios antes de cada desembolso.
Pagos sin controles previos
De acuerdo con la investigación, los exministros incorporados a la causa habrían autorizado pagos mensuales a la cooperativa sin verificar los requisitos exigidos por el programa.
Entre esas condiciones figuraban la comprobación de la regularidad institucional de la organización, la certificación de autoridades, la presentación de un plan de acción, la existencia de un padrón verificable de beneficiarios y la acreditación de capacitaciones efectivamente realizadas.
La fiscalía sostuvo que, pese a estas exigencias, se habrían aceptado rendiciones incompletas, inconsistentes o incluso inexistentes.
Período investigado
Según la acusación, los desembolsos comenzaron el 18 de julio de 2022, aproximadamente un mes antes de la firma del decreto que creó el programa, y continuaron hasta diciembre de 2023.
Durante ese período, la Contaduría General de la Provincia emitió dictámenes desfavorables sobre distintos pagos. Sin embargo, esas observaciones no habrían sido consideradas y las transferencias continuaron realizándose.
Cómo encuadra la Justicia el presunto delito
Desde el punto de vista jurídico, la fiscalía calificó los hechos como administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La acusación sostiene que la maniobra habría consistido en un esquema sostenido en el tiempo mediante el cual se desviaron aportes no reintegrables con destino específico, a través de decisiones administrativas que permitieron la disposición de los fondos sin cumplir los controles exigidos.
Según la investigación, los exfuncionarios habrían tenido dominio funcional del hecho al ordenar los pagos y habilitar la entrega de recursos sin verificar las condiciones legales requeridas.
El rol de la cooperativa y particulares
En relación con los integrantes de la cooperativa identificados como M.E.M., J.L.L.V. y J.E.B., la fiscalía también los acusa como coautores de la administración fraudulenta.
De acuerdo con la imputación, habrían solicitado, recibido y administrado los fondos con conocimiento de su destino específico, presentando rendiciones que incluían comprobantes que no coincidían con los movimientos bancarios, duplicación de gastos y omisiones deliberadas.
Por su parte, las personas identificadas como B.R.V.N., F.G.S. y M.G.S. fueron señaladas como partícipes necesarios por haber recibido fondos sin contraprestación.
Revisión del monto del perjuicio
Durante la reformulación de cargos, el Ministerio Público Fiscal también ajustó el monto del perjuicio económico investigado.
Inicialmente, la cifra había sido estimada en $1.341.400.640. Sin embargo, tras revisar el período considerado en la investigación, el cálculo fue corregido a $1.208.657.600.
Situación judicial de los imputados
A pedido del fiscal jefe Vignaroli y de la fiscal Rivero, el magistrado interviniente dispuso la inhibición general de bienes de los dos exministros incorporados recientemente a la causa.
La misma medida ya regía para el resto de las personas imputadas, que permanecen a disposición de la Justicia en el marco de la investigación.