La Justicia de Neuquén resolvió extender por cuatro meses el plazo de investigación en la causa que analiza una presunta defraudación agravada contra la administración pública vinculada a la cooperativa Viento Sur. La decisión fue adoptada el 7 de abril de 2026 por una jueza de garantías, a pedido de las defensas y con aval del Ministerio Público Fiscal.
Prórroga por pedido de las defensas
La extensión fue solicitada por los abogados de Germán Chapino y Orlando Abel Di Luca, exministros de Desarrollo Social de la provincia, quienes fueron imputados el 4 de marzo de este año. Según plantearon, no contaron con el tiempo suficiente para preparar su estrategia desde la formulación de cargos y pidieron ampliar el plazo que originalmente vencía el 8 de abril.
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El Ministerio Público Fiscal acompañó el pedido. La fiscal Rocío Rivero y el asistente letrado Facundo Bernat señalaron que aún restan medidas de prueba consideradas relevantes para sostener la acusación.
Pruebas pendientes y líneas de investigación
Entre las diligencias en curso, la fiscalía mencionó el análisis de datos extraídos de un teléfono celular, informes solicitados al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social y un peritaje contable sobre pagos vinculados a los hechos investigados.
Estas pruebas buscan esclarecer el destino de fondos públicos otorgados en el marco de un programa oficial destinado a organizaciones sociales.
El rol de la cooperativa y el programa estatal
La causa ya tenía seis imputados pertenecientes a la cooperativa Viento Sur, investigados por el presunto uso irregular de fondos entregados a través del “Programa de Acciones de Fortalecimiento para la Capacitación de Integrantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil”.
Este programa, creado por el Decreto 1672/2022, establecía requisitos obligatorios antes de cada desembolso, como la validación institucional de la organización, la certificación de autoridades, la presentación de planes de acción y la acreditación de capacitaciones realizadas.
Imputación a exfuncionarios
Chapino y Di Luca fueron incorporados a la causa bajo sospecha de haber autorizado pagos mensuales sin verificar esos requisitos y de aceptar rendiciones incompletas o inexistentes. Según la investigación, los desembolsos comenzaron el 18 de julio de 2022 —antes de la firma del decreto— y se extendieron hasta diciembre de 2023.
Los hechos fueron encuadrados como administración fraudulenta agravada contra el Estado y, en el caso de los exministros, también como incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Tras evaluar los argumentos de las partes y considerar la complejidad del expediente, la jueza de garantías Natalia Pelosso resolvió conceder la prórroga del plazo de investigación por cuatro meses para todos los imputados.