Tras casi 20 horas de debate, se aprobó en general en Diputados la nueva Ley Bases propuesta por el gobierno de Javier Milei. La iniciativa contó con 142 votos positivos, 106 votos negativos y cinco abstenciones. Ahora, sin cuarto intermedio, se lleva adelante discusión en particular del proyecto, en la que se tocan los puntos más conflictivos. En este sentido ya se aprobó la delegación de facultades al presidente Javier Milei, privatizaciones, reforma laboral, e incentivos para grandes inversiones. Luego de resolver el articulado, el proyecto deberá ser discutido en el Senado.
Además del bloque oficialista, la aprobación en general contó con el apoyo del bloque de Pro y con gran parte de los bloques de la UCR, Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica. También se sumaron los ocho diputados de Innovación Federal, que representan a los gobernadores de Misiones, Río Negro y Salta, y Osvaldo Llancafilo, del Movimiento Popular Neuquino (MPN).
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En contra votaron los diputados de Unión por la Patria, de los bloques de izquierda y Natalia De la Sota (Córdoba Federal). Mientras que los radicales Facundo Manes, Fernando Carbajal, Marcela Coli y Pablo Juliano optaron por la abstención.
La nueva Ley Bases, es una versión resumida de la presentada a fines del año pasado, pero mantiene las principales herramientas que la gestión de Milei exige para llevar adelante su plan de gobierno. Incluye la declaración de la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año, como así también la facultad para reorganizar, fusionar o disolver organismos de la administración central.
Además, la iniciativa incorpora una reforma laboral que busca flexibilizar las condiciones de contratación por parte de las empresas: extiende a seis meses el período de prueba para los nuevos trabajadores, plazo que se puede prolongar hasta ocho meses y un año para las PyME, según su tamaño; asimismo, se elimina el cobro de multas por el trabajo mal registrado y habilita a las empresas a crear un Fondo de Cese Laboral, un mecanismo alternativo al actual régimen de indemnizaciones. En tanto, el proyecto incorpora el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para proyectos de montos superiores a los US$ 200 millones, al tiempo que declara sujetas a privatización a una decena de empresas del Estado.