La Cámara de Diputados dio un paso importante en la recuperación de los haberes previsionales mediante la aprobación del proyecto que ajusta la fórmula de movilidad jubilatoria, tras el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/2024 emitido por el presidente Javier Milei. Esta medida permitirá un aumento del 8,1% en los ingresos de los jubilados, elevando la jubilación mínima a $285.000.
El proyecto recibió media sanción con 160 votos a favor, 72 en contra y ocho abstenciones. Ahora, el texto será remitido a la Cámara Alta, donde los senadores tendrán la tarea de aprobarlo o devolverlo con modificaciones.
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La decisión se tomó en una sesión especial solicitada por el radicalismo bajo la presidencia de Rodrigo de Loredo, con el apoyo de los bloques de Hacemos Coalición Federal (Miguel Pichetto), la Coalición Cívica (Juan Manuel López), e Innovación Federal (Pamela Calletti), además de Unión por la Patria (Germán Martínez). Paralelamente, se solicitó otra sesión especial para discutir el aumento del presupuesto para las Universidades y la recuperación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).
Con el quorum asegurado, el debate se centró en la necesidad de recuperar lo perdido por los jubilados debido a la fuerte inflación de enero. El dictamen aprobado establece que los haberes se actualizarán mensualmente según las variaciones del índice de precios al consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
En ningún caso, la aplicación del índice de precios podrá reducir los haberes de los beneficiarios. Adicionalmente, cada marzo se aplicará un aumento del 50% basado en la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), siempre que sea superior a la variación del índice de precios del año anterior. Si esta variación no es positiva, no se realizará ajuste alguno y se utilizará el último índice para el cálculo del año siguiente.
Una de las principales diferencias en el debate fue la instrucción a la Anses para cancelar las deudas con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado nacional y con los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino con sentencia firme. Estas deudas se cancelarán mediante el Fondo de Garantías de Sustentabilidad y recursos tributarios específicos, garantizando así los pagos de las sentencias firmes.
El proyecto ahora será debatido en el Senado, donde se podrían formar las mismas mayorías que en Diputados. Sin embargo, persiste la amenaza del presidente de vetar cualquier iniciativa que comprometa el equilibrio fiscal y el déficit cero.