La diputada nacional de La Libertad Avanza por Río Negro, Lorena Villaverde enfrenta una demanda civil por daños y perjuicios en el marco de una nueva denuncia por venta irregular de terrenos en Las Grutas, donde un grupo de damnificados asegura haber comprado lotes sin que se hayan cumplido las condiciones de entrega pactadas.
El caso se tramita en el Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Familia Nº9 de San Antonio Oeste, y representa la continuidad de una serie de conflictos legales en los que ya estuvo involucrada la parlamentaria, quien antes de su llegada al Congreso se desempeñaba como corredora inmobiliaria. Según trascendió, los denunciantes —tres compradores oriundos de Bahía Blanca— aseguran que Villaverde nunca cumplió con la urbanización prometida, y que los terrenos no cuentan con servicios básicos como agua, luz, ni apertura de calles, además de carecer de habilitación municipal.
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La demanda hace eje en el incumplimiento del contrato de compraventa, la ausencia de obras comprometidas, y la presunta publicidad engañosa con la que habrían sido ofrecidos los lotes del proyecto urbanístico “Tajamar”. Los damnificados exigen no solo la devolución del dinero abonado, sino también una reparación por los perjuicios ocasionados.
Este caso se suma a otras tres denuncias presentadas en 2024, de las cuales dos se resolvieron mediante acuerdos económicos extrajudiciales. La defensa de Villaverde había argumentado en su momento que las demoras fueron producto de la pandemia de COVID-19. No obstante, los compradores cuestionan esa justificación dado que han transcurrido más de cuatro años desde entonces.
Además, la diputada ya estuvo vinculada a otra causa penal por una presunta estafa con una rifa en la misma localidad balnearia, aunque en ese expediente la fiscalía no encontró elementos suficientes para avanzar y el caso fue archivado recientemente.
Desde la defensa de los actuales demandantes, la abogada Verónica Arizcuren explicó en medios provinciales que el expediente ya se encuentra en etapa de prueba y anticipó que la estrategia apunta a demostrar la falta de intención de cumplimiento desde el inicio por parte de la legisladora. También criticó el uso de su rol político como escudo ante las acusaciones.
A esto se suma que en el Congreso, Villaverde ya fue objeto de fuertes críticas no sólo por su desempeño como funcionaria, sino también por supuestas vinculaciones con redes de narcotráfico, lo que ha incrementado la presión política sobre su figura.