Después de los ocho allanamientos realizados en el marco de la causa por presuntas irregularidades en la gestión municipal, el expediente que involucra al intendente de Plottier, Luis Bertolini, ingresó en una nueva etapa procesal.
Tras los procedimientos, la fiscalía quedó a cargo del análisis de la documentación y los dispositivos electrónicos secuestrados tanto en dependencias municipales como en el domicilio particular del jefe comunal. Ese material será clave para determinar si existen elementos que sustenten las sospechas planteadas en la denuncia inicial.
Te podría interesar
En paralelo, la investigación deberá establecer si las contrataciones cuestionadas y la eximición de tasas en el barrio privado Los Canales se ajustaron a la normativa administrativa vigente o si hubo irregularidades que puedan encuadrarse en figuras penales.
Por el momento, no hay imputación formal ni medidas cautelares anunciadas contra el intendente. El avance del expediente dependerá del análisis técnico y contable que realice el Ministerio Público Fiscal en las próximas semanas, instancia que definirá si la causa escala a una formulación de cargos o si se descartan responsabilidades penales.
La acusación de trasfondo político
Bertolini aseguró que desde hace más de un año circulan rumores sobre su continuidad. Primero —dijo— vinculados a su salud. Después, a una posible renuncia. Ahora, a una causa judicial.
Su abogado, Javier Pino, fue más directo: habló de una “agrupación política” que busca disputarle el poder “desde el escritorio” y cuestionó lo que definió como “show mediático” en torno a los allanamientos.
El intendente, por su parte, insistió en que se pondrá a disposición del Ministerio Público Fiscal y entregará toda la documentación que sea necesaria.
Las explicaciones por las contrataciones
Uno de los puntos bajo análisis es la contratación de una empresa vinculada al hijo de una funcionaria. Bertolini explicó que se trata de una firma que presta servicios desde hace un año y medio, que realiza tareas de limpieza urbana y obras en la ciudad, y que —según afirmó— cumplió con los contratos.
Negó que se haya contratado a una empresa sin CUIT y habló de “cuestiones técnicas” vinculadas a nombres similares. “Si hay alguna irregularidad, lo verificaremos”, dijo. También señaló que firma autorizaciones bajo el principio de confianza en la estructura administrativa municipal, y que si se detecta alguna falla habrá sumarios internos.
El caso Los Canales
Otra de las observaciones judiciales tiene que ver con la eximición de tasas municipales en el barrio privado Los Canales. El intendente sostuvo que existía una situación histórica “desprolija” y que el decreto buscó evitar perjuicios económicos al municipio y eventuales juicios.
“Fue hecho con la intención clara de que el Estado no pierda”, aseguró. Su defensa planteó que se trata, en todo caso, de una discusión administrativa y no penal.
“Allanamientos invasivos”
Bertolini también se refirió al procedimiento en su vivienda. Lo calificó como “invasivo” y aseguró que le secuestraron su teléfono celular y computadoras, lo que lo dejó incomunicado durante días. “Ha sido una acción más para amedrentarme”, expresó.
Mientras la causa avanza, el intendente insiste en que seguirá al frente del Ejecutivo municipal. La investigación continúa. Sus declaraciones, por ahora, marcan el tono de su estrategia: defensa política, colaboración judicial y continuidad en el cargo.