Un video fue el punto de quiebre. Las imágenes muestran a Nicolás Salvatori ingresando a su lugar de trabajo, registrar la asistencia y retirarse minutos después. Ese material, sumado a una auditoría interna, derivó en su despido de la planta permanente del Ministerio de Energía de Neuquén y en una investigación penal por presunto fraude a la administración pública.
Salvatori, hijo del exgobernador Pedro Salvatori (1987–1991), quedó bajo la lupa luego de que los sistemas de control y cámaras de seguridad detectaran irregularidades reiteradas. Según la reconstrucción administrativa, existen al menos cinco registros fílmicos correspondientes a mayo y junio de 2025 que evidencian la misma mecánica: fichaje y retiro inmediato, sin cumplimiento efectivo de jornada ni tareas asignadas.
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La Junta de Disciplina de la Administración Pública Provincial concluyó que no prestó servicios durante el período investigado, pese a figurar con asistencia registrada. El sumario también determinó ausencias injustificadas —continuas e intermitentes— y la inexistencia de constancias de trabajo entre julio de 2020 y junio de 2024. Además, se detectó que no contaba con usuario activo en el sistema GDE, herramienta obligatoria para la gestión administrativa, ni había completado capacitaciones ni presentado documentación requerida por normativa.
En paralelo al despido, la Fiscalía de Neuquén impulsó una denuncia penal por presunto fraude en perjuicio de la administración pública, tipificado en el artículo 174 inciso 5 del Código Penal. La acusación sostiene que habría percibido salarios durante casi cuatro años sin cumplir funciones, generando un perjuicio económico para el Estado provincial.
El gobierno dispuso su suspensión sin goce de haberes y ordenó avanzar en los mecanismos para recuperar las sumas percibidas. En caso de no lograrse la restitución, se dará intervención a la Fiscalía de Estado ante la posible configuración de enriquecimiento sin causa.
El caso se inscribe en una serie de medidas adoptadas por la actual gestión provincial orientadas a revisar estructuras y controlar el gasto público. Mientras tanto, la causa penal continúa su curso y deberá determinar responsabilidades y eventuales consecuencias judiciales.