La Legislatura de Río Negro aprobó por amplia mayoría el acuerdo con YPF y Argentina LNG SAU para avanzar con un megaproyecto de gas natural licuado (GNL) en la costa atlántica. La iniciativa apunta a convertir a la provincia en un polo exportador estratégico del gas de Vaca Muerta.
La ley fue sancionada con 42 votos a favor y 4 en contra, y ratifica el acta acuerdo que establece el marco jurídico, fiscal y operativo para el desembarco de la inversión en el Golfo San Matías.
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El proyecto convalidó el acuerdo firmado el 23 de enero, entre el gobernador Alberto Weretilneck y el presidente de YPF, Horacio Marín, en representación de un consorcio integrado por la petrolera nacional, la italiana Eni y la saudita XRG.
Un proyecto clave para la cadena energética
El plan contempla la instalación de dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG) con capacidad conjunta inicial de 12 millones de toneladas anuales (MTPA), ubicadas a unos 7 kilómetros de la costa. El gas será transportado desde la cuenca neuquina a través de un gasoducto dedicado de 48 pulgadas y 520 kilómetros de extensión.
La infraestructura incluirá además un poliducto, una planta fraccionadora en tierra para separar propano, butano y gasolinas naturales, y el desarrollo de instalaciones portuarias y bases logísticas. La exportación se realizará mediante transferencia directa a buques metaneros.
Según las proyecciones oficiales citadas en el recinto, el complejo podría generar hasta 30.000 empleos directos e indirectos en su etapa de ejecución y posicionar a los puertos rionegrinos como una plataforma de salida del gas argentino hacia mercados internacionales.
El mensaje de Weretilneck tras la ratificación del acuerdo
Incentivos fiscales y marco de estabilidad
Para viabilizar la inversión, la provincia otorgará un régimen tributario especial alineado con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El acuerdo prevé exenciones en Ingresos Brutos (salvo venta local de derivados) y en el Impuesto de Sellos, además de estabilidad tributaria por 30 años.
También se establecen fórmulas específicas para cánones por uso de agua, ocupación del dominio público costero y tasas ambientales, con el objetivo de garantizar previsibilidad a largo plazo. A cambio, las empresas deberán realizar una contribución económica destinada a infraestructura y desarrollo comunitario en la provincia.